Derechos humanos y seguridad ciudadana: desafíos de la participación militar en operaciones policiales Human rights and citizen security: challenges of military participation in police operations Recibido: 01-12-2023 Aprobado: 06-12-2023 Egresado de la Facultad de Artes de la Universidad de Santo Domingo, con doble titulación en Artes Gráficas y Gerencia Publicitaria. Además, es egresado de la Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional de Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), donde cursó la Especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Su formación profesional incluye diplomados en Gerencia de Proyectos para Organizaciones de la Sociedad Civil, Comunicación Corporativa, Derechos de la Niñez en Movilidad no acompañada (migrantes), Estrategias de Comunicación en Situaciones de Emergencias y Desastres, Actualización de la Ortografía de la Lengua Española, entre otros. Es experto en redacción técnica y comunicación para el desarrollo, así como, curador de contenidos y corrector de estilo. Johnny Bidó, República Dominicana Correo: johnnybido@gmail.com https://johnnybido.com/index.php/category/blog/ https://baptist21.com/justice/2018/ijm-justice-se ries-part-five/ https://elnuevodiario.com.do/author/johnny-bido/ RESUMEN El artículo examina los desafíos que experimentan las Fuerzas Armadas de República Dominicana para la protección de los derechos humanos en las operaciones de seguridad ciudadana realizadas en apoyo a la Policía Nacional. Se enmarca en el período 2018-2022. Se basa en un análisis profundo del carácter de las Fuerzas Armadas, contextualizando sus operaciones y examinando las normas que permiten su participación en estas acciones sin violentar los derechos humanos. Utilizando métodos cualitativos, se recopilaron testimonios de autores civiles, del personal militar y revisión de documentos. La investigación destaca las dificultades que han surgido en el contexto de las operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, arrojando luz sobre la necesidad de fortalecer la protección de los derechos fundamentales de la población civil en tales circunstancias. A pesar de los avances alcanzados por los cuerpos castrenses, estas operaciones enfrentan desafíos significativos de carácter multifactorial, tales como, el uso excesivo de la fuerza y la falta de capacitación en derechos humanos. Se destaca la necesidad de mayor participación ciudadana y colaboración entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la sociedad civil. Se proponen recomendaciones como la formación integral en derechos humanos, protocolos claros y sistemas de evaluación de impacto basados en evidencia. La investigación subraya la importancia de un enfoque colaborativo para garantizar la protección de los derechos humanos en este tipo de operaciones, mientras avanzamos hacia la madurez como Estado social y democrático. Palabras clave: Derechos humanos, seguridad ciudadana, protección, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. ABSTRACT The article examines the challenges experienced by the Dominican Armed Forces for the human rights protection in citizen security operations carried out in support of the National Police. It is framed in the period 2018 - 2022. It is based on a deep analysis of the character of the Armed Forces, contextualizing their operations and examining the norms that allow their participation in these actions without violating human rights. Using qualitative methods, testimonies were collected from civilian authors, military personnel, and document review. The investigation highlights the difficulties that have arisen in the context of operations carried out by the Armed Forces in support of the National Police, shedding light on the need to strengthen the protection of the fundamental rights of the civilian population in such circumstances. Despite the progress made by the military, these operations face significant multifactorial challenges, such as excessive use of force and lack of human rights training. The need for greater citizen participation and collaboration between the Armed Forces, the National Police and civil society is highlighted. Recommendations are proposed such as comprehensive training in human rights, clear protocols, and evidence-based impact evaluation systems. The research highlights the importance of a collaborative approach to ensure the protection of human rights in these types of operations, as we move towards maturity as a social and democratic State. Keywords: Human rights, citizen security, protection, Armed Forces, National Police. Introducción E E l artículo presente trata sobre los desafíos que experimentan los miembros de las Fuerzas Armadas de República Dominicana durante el desarrollo de operaciones conjuntas con la Policía Nacional. Se aborda desde la perspectiva de los derechos humanos y su efectiva protección o salvaguarda, y está basado en la tesis “Salvaguarda de Derechos Humanos en Operaciones de Se guridad Ciudadana de las Fuerzas Armadas” (Bidó J. 2023). Otras fuentes fueron igualmente consultadas, con la finalidad de identi ficar luces y sombras que pudieran incidir en el riesgo de vulne ración de los derechos humanos en el contexto de las operaciones no bélicas que realizan las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. En circunstancias atenuantes, las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones no bélicas (OMNB), definidas como misiones no combativas en el Manual de Doctrina Conjunta del Ministerio de Defensa (2000, p.341). Entre estas operaciones, destaca el respaldo a la seguridad ciudadana durante eventos excepcionales como el ejercicio constitucional del derecho a huelga o a elecciones nacionales (Ley 139-13, 2013, Art. 8), o en estados de excepción como el ocasionado por la pandemia del COVID 19. En contextos como estos, el presidente, según la Constitución, puede adoptar medidas provisionales para preservar el orden público en casos de violación de disposiciones constitucionales (Art. 128, letra h). En este sentido, las operaciones de seguridad ciudadana implican colaboración entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras agencias, coordinadas por el Comando Conjunto (Ley 13913, Orgánica de las FF. AA., Art. 8.4). No obstante, Miguel Fonseca Carrillo advierte que estas operaciones pueden poner en riesgo los derechos humanos al enfrentar a las Fuerzas Armadas con situaciones que desafían su formación militar, generando tensiones en la protección a la ciudadanía (Fonseca M. 2022, p. 5). Fonseca destaca que las operaciones de seguridad ciudadana, ejecutadas por fuerzas entrenadas para la guerra, aumentan el riesgo de violación de derechos humanos (Fonseca 2022). Pero también resulta en un desafío la subordinación a las fuerzas policiales durante su implementación. La Ley Orgánica de la Policía Nacional confirma que la Policía Nacional es la principal responsable de mantener el orden público y proteger a las personas, coordinando con otras agencias estatales (Ley 590-16, 2016, Art. 14). En estas operaciones, el riesgo de inobservancia de los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas puede generar conflictos que, de no ser bien abordados, podrían malograr el ejercicio de su rol como parte de las agencias responsables del cumplimiento de la Ley. La investigación que sustenta este trabajo editorial, además de una minuciosa revisión documental, incluyó una serie de entrevistas a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, activos y vinculados a operaciones de seguridad ciudadana. Autores civiles, expertos en el tema de referencia, fueron igualmente entrevistados, complementado con un sondeo entre profesionales de diversas ramas en el Gran Santo Domingo, a quienes se consultó sobre su percepción de la seguridad ciudadana, desde la perspectiva de los derechos humanos y la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en este tipo de operaciones. Todos estos insumos sirvieron de referencia para presentar de manera concluyente los desafíos que enfrentan las Fuerzas Ar madas de República Dominicana para proteger los derechos humanos en el desarrollo de operaciones de seguridad ciudadana en apoyo a la Policía Nacional. Asimismo, se presentan las iniciativas de seguridad ciudadana implementadas entre 2018 y 2022 en el país, y los elementos que constituyeron un desafío desde la planificación hasta la implementación de este tipo de operaciones. El artículo concluye con algunas recomendaciones consideradas clave para la protección de los derechos humanos en las operaciones de seguridad ciudadana de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. DESAFÍOS ENFRENTADOS POR LAS FUERZAS ARMADAS DOMINICANAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SUS OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA ENTRE 2018 Y 2022. Para tener una mejor perspectiva acerca de los desafíos enfrentados por las Fuerzas Armadas para proteger los derechos humanos durante el desarrollo de operaciones de seguridad ciudadana, es pertinente conocer cuáles fueron las iniciativas que sirvieron de canal para esta participación. También los elementos que la distinguen, así como, su tiempo de puesta en marcha. En el periodo 2018-2022, las Fuerzas Armadas colaboraron con la Policía Nacional en diversas iniciativas de seguridad ciudadana, destacando la continuidad y refuerzo de políticas existentes. A pesar de la falta de nuevas iniciativas gubernamentales, proyectos como la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro y el Plan de Seguridad Democrática (desde 2005) fueron mantenidos, con un énfasis significativo en el papel de las Fuerzas Armadas en áreas como control de armas, seguridad vial y prevención de la violencia. Adicionalmente, el Plan de Control y Seguridad Ciudadana (Operación Escudo) implementado en 2019, así como, la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (CIUTRAN), creada en 2006 y reforzada durante la administración del presidente Luis Abinader, destacan el compromiso continuo con medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana, respetando estrictamente los derechos humanos. El Plan Estratégico Institucional 2021-2024, del Ministerio de Defensa, representa un hito clave al centrarse en fortalecer la defensa nacional, mejorar la calidad de vida de las Fuerzas Armadas. Este Plan también se enfoca en desarrollar capacidades de seguridad interna y contribuir al desarrollo social y económico del país, subrayando la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en todas las operaciones de seguridad ciudadana. CARACTERIZACIÓN DE LOS DESAFÍOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS EN OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADAS POR LAS FUERZAS ARMADAS Una serie de entrevistas con oficiales superiores de las Fuerzas Armadas arroja luz sobre la complejidad de los desafíos que obstaculizan la protección de los derechos humanos durante operaciones de seguridad ciudadana. Entre los entrevistados de relevancia se encuentran el coronel de Infantería Omar Núñez Santana (ERD), C3 del Comando Conjunto Metropolitano, el coronel César Cedeño de la Cruz (ERD), subdirector general de Capacitación y Educación del Ejército, el teniente coronel Geraldo Jiménez Quevedo, ex comandante de la Unidad de Acción de CIUTRAN, y el coronel Florencio Morales, ERD. En el ámbito individual, se resalta la falta de preparación del soldado para afrontar situaciones específicas de seguridad ciudadana. La carencia de formación adaptada a escenarios no bélicos se vuelve evidente, exacerbada por un enfoque predominante en el entrenamiento para el combate. Esta limitación puede desencadenar interacciones negativas con la población civil, donde las frustraciones personales del militar pueden influir en su comportamiento durante las operaciones. Un aspecto recurrente mencionado por todos los entrevistados es la ausencia de educación en derechos humanos específicamente aplicada a operaciones de seguridad ciudadana. Este déficit contribuye a desafíos adicionales, como la incompatibilidad operativa entre la policía y el personal militar, que no está naturalmente formado para interactuar diariamente con civiles. Además, se subraya la dificultad de implementar efectivamente los conocimientos adquiridos, a pesar de los esfuerzos de instituciones como la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), que capacita en derechos humanos y disciplinas afines. Uno de los entrevistados enfatiza un desafío significativo: asegurar el uso proporcional de la fuerza y evaluar adecuadamente las amenazas en entornos peligrosos. El riesgo de que un militar, entrenado para eliminar amenazas, pueda utilizar su arma en situaciones de tensión se presenta como un desafío crucial para evitar violaciones a los derechos humanos. Este aspecto resalta la necesidad de equilibrar la formación para el combate con la capacidad de responder a situaciones de seguridad ciudadana sin recurrir a medidas extremas que puedan violar los derechos humanos. La Dra. Lilian Bobea, experta en seguridad ciudadana, aporta perspectivas adicionales, acentuando la falta de mecanismos de monitoreo y sanciones transparentes como un obstáculo crucial. Asimismo, señala la asimetría en la comprensión de los mandatos militares por parte de la sociedad, lo que dificulta la colaboración fluida entre el personal militar y la población civil. El desafío crucial de garantizar el uso proporcional de la fuerza se ve agravado por la falta de formación para la aplicación oportuna de principios fundamentales, como legalidad, proporcionalidad y necesidad. La carencia de coordinación efectiva entre instituciones responsables de la seguridad ciudadana, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y otros organismos, crea un entorno propicio para la falta de rendición de cuentas y el control civil sobre las fuerzas de seguridad. La falta de participación y consulta efectiva con la sociedad civil, especialmente con sectores vulnerables y afectados por la violencia y la inseguridad, emerge como un desafío estructural. Las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas sexualmente diversas, los migrantes y los residentes en zonas marginales quedan al margen de las decisiones que afectan directamente sus vidas, perpetuando así la desconexión entre las acciones de las Fuerzas Armadas y las necesidades reales de la población. A fin de cuentas, los desafíos identificados están profundamente entrelazados y reflejan no solo la necesidad de reformas en el fortalecimiento de las capacidades del personal militar, sino también la urgencia de abordar problemas sistémicos que afectan la coordinación, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. La complejidad de estos desafíos subraya la importancia de un enfoque integral y colaborativo que involucre a diversas partes interesadas, para garanti zar la salvaguarda efectiva de los derechos humanos durante las operaciones de seguridad ciudadana de las Fuerzas Armadas en articulación con los sectores productivos y la sociedad civil. PERSPECTIVA CIUDADANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS FUERZAS ARMADAS Un exhaustivo sondeo fue llevado a cabo, abarcando la perspectiva de 34 individuos masculinos y femeninos, todos ellos profesionales provenientes de diversas áreas y residentes en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Esta investigación, llevada a cabo a través de la plataforma Google Forms, tuvo como objetivo principal explorar las percepciones de los participantes respecto a los índices de seguridad ciudadana en República Dominicana, así como, la salvaguarda de los derechos humanos en operaciones de este tipo, llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en colaboración con la Policía Nacional. Los resultados obtenidos de esta pesquisa proporcionan una visión reveladora de las percepciones ciudadanas. De manera sorprendente, un considerable 61.8% de los encuestados evalúa los índices de seguridad ciudadana como bajos, considerando su entorno como inseguro. Además, un notable 29.4% va más allá, catalogando al país como muy inseguro, mientras que solo un modesto 8.8% percibe su entorno como seguro. En cuanto al respeto de los derechos humanos durante operaciones de seguridad ciudadana, la opinión se divide. Un significativo 47.1% sostiene que estos derechos son respetados, resaltando un nivel de confianza en las acciones de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, un 52.9% de los consultados tiene una perspectiva más crítica, expresando sus dudas sobre el respeto de los derechos humanos durante tales operaciones. Este hallazgo refleja una clara polarización en las percepciones ciudadanas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el resguardo de los derechos fundamentales. En relación con la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas de seguridad ciudadana, en respaldo a la Policía Nacional, el 79.4% de los encuestados se muestra a favor de esta colaboración. Este elevado porcentaje indica un respaldo mayoritario a la presencia y participación de las Fuerzas Armadas en estas operaciones, sugiriendo una percepción de que su intervención es necesaria para fortalecer la seguridad en el país. Sin embargo, existe una minoría del 20.6% que mantiene reservas respecto a esta colaboración, evidenciando ciertos cuestionamientos o inquietudes en torno a la participación militar en tareas de seguridad ciudadana. En sentido general, este sondeo ofrece una visión panorámica de las percepciones ciudadanas en relación con la seguridad ciudadana y el papel de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas con la Policía Nacional. Los resultados revelan una diversidad de opiniones y un nivel significativo de preocupación sobre la seguridad y el respeto a los derechos humanos en el contexto de estas operaciones. Estos hallazgos destacan la importancia de explorar estrategias integrales que aborden tanto la percepción de seguridad como la confianza en las instituciones encargadas de res- guardarla. Gráfico No. 1: Índices de Seguridad Ciudadana en República Dominicana Fuente: Elaboración propia. Gráfico No. 2: ¿Considera que se respetan los derechos humanos en las operaciones de Seguridad Ciudadana? Fuente: Elaboración propia. Gráfico No. 3: ¿Piensa que se debe involucrar a las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas de Seguridad Ciudadana, como apoyo a la Policía Nacional? Fuente: Elaboración propia. CONCLUSIONES A pesar de los esfuerzos y las iniciativas implementadas, como el Plan de Seguridad Democrática, el Plan de Control y Seguridad Ciudadana y la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, los índices de delincuencia y violencia no han experimentado reducciones sostenibles en el país. La participación de las Fuerzas Armadas en estas operaciones ha tenido un impacto limitado y momentáneo, marcado por una coordinación ineficaz, una formación integral insuficiente en derechos humanos y una falta de evaluación basada en evidencias concretas. Por lo tanto, es crucial abordar estos desafíos integralmente para mejorar la efectividad y sostenibilidad de las operaciones de seguridad ciudadana de las Fuerzas Armadas. Aunque se ha comprobado que las operaciones militares pueden ser eficaces para enfrentar amenazas a la seguridad ciudadana, como el terrorismo o el crimen organizado, así como, mantener el orden y la estabilidad de los Estados, también se ha constatado que en muchas ocasiones se producen abusos y violaciones a los derechos humanos durante dichas operaciones. De manera especial, esto suele suceder cuando se actúa en un contexto de conflicto armado o en zonas donde la violencia es generalizada. En este sentido, se han establecido normativas internacionales y nacionales que buscan conciliar la necesidad de mantener la seguridad y el orden público con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Estas normativas establecen límites claros sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, y promueven la rendición de cuentas y la transparencia en las operaciones de seguridad ciudadana. Es fundamental seguir fortaleciendo los mecanismos de supervisión y control de este tipo de operaciones por parte de las Fuerzas Armadas, así como, fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en todos los niveles de la institución militar En términos generales, la evolución de los derechos humanos en la regulación de operaciones de seguridad ciudadana desarrolladas por las Fuerzas Armadas de República Dominicana no es ajena a la realidad de los demás Estados latinoamericanos. En el contexto local, a pesar de los avances en cuanto al cumplimiento de las garantías constitucionales, aún persisten grandes desafíos para alcanzar el fin común de salvaguardar los derechos humanos en la regulación de este tipo de operaciones. En este sentido, como contribución a los esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana, la articulación entre las fuerzas militares y la sociedad civil se presenta como una estrategia fundamental. Este enfoque colaborativo y multidimensional combina los recursos y conocimientos de ambos sectores, creando un entorno propicio para abordar los desafíos de la delincuencia y la violencia en nuestras comunidades. La participación recurrente de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana, complementada con programas de capacitación y asesoramiento a la sociedad civil, fortalece la confianza y la colaboración entre ambas partes. Las fuerzas militares, con su entrenamiento especializado y capacidad de respuesta, pueden contribuir de manera significativa a la prevención del delito, la protección de los ciudadanos y la promoción de un entorno seguro. Por su parte, la sociedad civil aporta una perspectiva local invaluable y un conocimiento profundo de las necesidades y desafíos específicos de cada comunidad, lo que garantiza que las soluciones propuestas sean relevantes, inclusivas y sostenibles a largo plazo. Otro aspecto importante que sale a relucir tras haber desarrollado esta investigación es que el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad ciudadana y en apoyo a la Policía Nacional está regulado por un marco legal que establece los límites y condiciones en los que pueden ser empleadas. De esta manera, se cumple con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población civil en el contexto de las operaciones referidas. El marco legal que rige el accionar de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad ciudadana en República Dominicana, establece que su intervención debe ser complementaria y subordinada a la Policía Nacional, y debe estar sujeta al control y la supervisión de las autoridades civiles. Además, se establece que su actuación debe ser siempre respetuosa de los derechos humanos y las normas del Estado de derecho. Es de suma importancia destacar, que las Fuerzas Armadas dominicanas han realizado importantes aportes a las operaciones de seguridad ciudadana en el país, colaborando en la prevención y combate del crimen, la protección de la población y el mantenimiento del orden público y la seguridad nacional. La doctrina que rige a las Fuerzas Armadas debe estar vinculada a la seguridad ciudadana y a los derechos humanos, y debe garantizar que su intervención en estas operaciones sea siempre excepcional, subordinada y proporcional a la amenaza que se enfrenta, y que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población civil. Lo dicho anteriormente ha sido ratificado por los resultados de la investigación realizada para identificar los desafíos a los que han tenido las Fuerzas Armadas para garantizar los derechos humanos en el desarrollo de operaciones de seguridad ciudadana. Estos testimonios fueron contados en primera persona por oficiales superiores con roles específicos en dichas operaciones. La investigación, por otra parte, ha revelado una serie de desafíos que son destacables, entre los que se encuentran el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos soldados, la falta de capacita ción adecuada en derechos humanos y en la aplicación de principios como legalidad, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza, sumado a la falta de coordinación efectiva entre las diversas instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. De igual manera, se destaca la ausencia de mecanismos claros de monitoreo, supervisión y sanciones en casos de violaciones a los derechos humanos. También, la falta de comprensión por parte de la ciudadanía en cuanto a los roles y mandatos de las Fuerzas Armadas asignadas a operaciones de seguridad ciudadana. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, las operaciones de seguridad ciudadana realizadas por las Fuerzas Armadas han tenido un impacto tangible en la reducción de los índices de violencia y criminalidad en diversas comunidades del Distrito Nacional. Su presencia ha servido como elemento disuasivo, mejorando la percepción de seguridad entre los ciudadanos y fomentando un clima propicio para las inversiones y el desarrollo económico. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS FUERZAS ARMADAS DOMINICANAS Durante el periodo 2018-2022, las Fuerzas Armadas de República Dominicana enfrentaron desafíos sustanciales al participar en operaciones de seguridad ciudadana en apoyo a la Policía Nacional. Estos desafíos, ya sean individuales o institucionales, se han caracterizado por su naturaleza multidimensional y multifactorial, por lo que resulta pertinente y necesario tomar algunas medidas, a modo de recomendaciones, que contribuyan a cerrar las brechas identificadas. En términos institucionales, se proponen diversas recomendaciones. En primer lugar, se destaca la necesidad de una formación integral en derechos humanos para el personal militar, especialmente aquellos involucrados en operaciones de seguridad ciudadana. Esta formación debe abordar principios clave como legalidad, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza, así como, el respeto y la protección de los derechos fundamentales de la población civil. Asimismo, se insta a implementar entrenamientos específicos para mejorar las habilidades de comunicación y la interacción de las Fuerzas Armadas con la comunidad. La comprensión de los contextos sociales y culturales en los que operan es esencial para establecer relaciones positivas y efectivas. Además, se enfatiza la importancia de programas de formación continua obligatoria, centrados en derechos humanos, ética profesional y técnicas de control de multitudes, asegurando que los conocimientos adquiridos se apliquen efectivamente en el terreno. Otro aspecto crítico es la necesidad de establecer protocolos y procedimientos claros que guíen el comportamiento de los soldados en operaciones de seguridad ciudadana, priorizando el uso adecuado de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. La creación de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas efectivos es igualmente esencial, involucrando a observadores independientes y organizaciones de derechos humanos. La colaboración interinstitucional se perfila como una recomendación clave. Mejorar la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y otras ins tituciones, es fundamental para superar desafíos como la incompatibilidad operativa entre la policía y el personal militar. Este enfoque colaborativo permitirá un abordaje más integral de la seguridad ciudadana. En el ámbito de las políticas públicas, se destaca la importancia de establecer un sistema sólido y continuo de evaluación de impacto para medir los resultados de las operaciones de seguridad ciudadana. Este sistema debe ser transparente y accesible al público, permitiendo una supervisión efectiva y proporcionando datos precisos sobre el comportamiento de estas operaciones y su impacto en los derechos humanos. Además, se hace hincapié en la necesidad de evaluar las intervenciones de seguridad ciudadana basándose en evidencias concretas. La implementación de mecanismos de monitoreo y supervisión, respaldados por datos relacionados con la violencia, la criminalidad y la percepción de seguridad de la población, es esencial para ajustar estrategias según sea necesario. Fomentar la transparencia institucional en la recopilación y divulgación de datos sobre la salvaguarda de los derechos humanos en operaciones de seguridad ciudadana, es una medida que promoverá la confianza pública y permitirá una mejor toma de decisiones. Invertir en programas de prevención de la violencia y la delincuencia, así como, educar a la ciudadanía sobre la interacción adecuada con las fuerzas de seguridad, también son recomendaciones importantes. Finalmente, a nivel operativo, se destaca la importancia de capacitar al personal militar en el uso proporcional de la fuerza y la evaluación de amenazas, promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos en todas las operaciones. Asimismo, la revisión periódica de estrategias y el intercambio efectivo de información entre agencias de seguridad y autoridades civiles son ele mentos fundamentales para garantizar operaciones de seguridad ciudadana más efectivas y respetuosas de los derechos humanos. La participación ciudadana en el monitoreo de estas operaciones y la denuncia de posibles abusos es también un componente clave para garantizar la rendición de cuentas. Referencias Bobea, L. La Seguridad y la Defensa en la República Dominicana en el Siglo XXI. Santo Domingo, República Dominicana. Bobea, L. (2004). ¿Juntos pero no revueltos? De la militarización policial al policiamiento militar: implicaciones para las políticas de seguridad ciudadana en el Caribe. Nueva sociedad, 191, 90. Fonseca Carrillo, M. (2022). Fuerzas armadas y seguridad interna: Política de defensa nacional, límites entre seguridad externa e interna y competencia de la justicia militar. 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